Los directores de El Ciudadano, Bruno Sommer y Sebastián Larraín, quedaron con pena remitida y deberán firmar por 18 meses, luego de un fallo judicial que atenta contra la libertad de expresión en favor de un acaudalado empresario ganadero y hotelero de Punta Arenas y ex parlamentario, sobre el cual pesan graves denuncias que la Justicia chilena ha pasado por alto. Desde El Ciudadano sostienen que se "ha aplicado antojadizamente la Ley" en el el juicio conducido por la Jueza Paola Robinovich Moscovich.
Tras la publicación de una entrevista titulada “El Patrón del Mal”, publicada por El Ciudadano en el año 2011, Miodrac Marinovic, el entonces parlamentario fue acusado por su ex trabajador Rodrigo Calixto, como quien le ordenaba cometer diversas ilegalidades. Entre ellas Calixto narra en primera persona como fue ordenado para enterrar y quemar casas de pescadores artesanales, destrucción de propaganda en época de campaña electoral en auto-atentados, traspaso de dinero desde Chile a Argentina en maletines evadiendo impuestos, entre otras.
Ante la gravedad de las denuncias y conociendo lo que dice la Ley, ambos directores actuando con más de la mínima diligencia que ésta señala, pidieron al periodista Sergio Cárdenas, quien llevó a cabo la entrevista, los soportes de su investigación.
El respaldo consistía en un video de más de 40 minutos y una grabación en audio como segundo soporte. El video fue subido a youtube. Comprobándose que la entrevista era real, que no había presión hacia el entrevistado y que ésta se realizaba en un espacio abierto a público, los directores del medio procedieron a realizar nuevas diligencias para ver si las denuncias realizadas tenían algún asidero o relación con Marinovic. Para ello realizaron llamadas a la ciudad de Punta Arenas y hablaron con varios periodistas que reafirmaron la figura de Marinovic como un “patrón de fundo”, posterior a ello se llevó a cabo una exhaustiva búsqueda sobre Internet para una construcción del perfil de Marinovic, encontrándose más antecedentes. Por último se tomó contacto con pescadores artesanales quienes señalaron la veracidad de los hechos denunciados.
El Patrón del Mal sale a las Calles
No moviendo una coma del trabajo periodístico entregado por Sergio Cárdenas, se procedió a la diagramación y publicación de la entrevista. El titular El Patrón del Mal, que no es de autoría de los directores del medio, simplemente daba cuenta del perfil del personaje en relación a las denuncias y se procedió a publicar. El tema no siendo el de más importancia en portada, sino ubicado en segunda posición, circuló como lo hace habitualmente cada edición de El Ciudadano, desde Arica a Punta Arenas. Transcurridas 24 horas de realizada la publicación, comenzaron las alarmas desde Punta Arenas. El Ciudadano no estaba llegando a quioscos y todas las ediciones habrían sido comprados por Marinovic para impedir su libre circulación. Estos hechos los confirmaban lectores y kiosqueros, quienes indicaban que una persona pasaba por kioscos comprando todos los diarios que alcanzaron a salir, mientras que el resto de los ejemplares fue comprado en la agencia de distribución más austral del país.
El Ciudadano llamó entonces a su distribuidora central, quien confirmó que el 100% de los ejemplares ya se habían vendido, por lo que se decidió entonces enviar más ejemplares. Marinovic estaría atentando contra la Ley que señala sanciones para quien obstaculice la libre circulación de un medio de comunicación. Los nuevos ejemplares enviados, correrían la misma suerte.
Sumado a lo anterior, comenzaron a llegar a El Ciudadano, cientos de llamados y felicitaciones de personas de Punta Arenas quienes hicieron nuevas denuncias y felicitaron a los directores del medio por la valentía de publicar. “Aquí nadie dice nada contra Marinovic, pues tiene mucho poder y la gente le tiene miedo”, señalaba uno de los mails recibidos.
Sorpresa causó también a los directores, días después, un sobre con una querella en su contra. Una querella que llegó hasta Loreto 260, donde Marinovic se iba en contra de Sommer y Larraín acusándolos de injurias. En la querella se acompañaba un documento notarial de Calixto, señalando que se retractaba de sus dichos y no autorizaba la publicación, que habría dado la entrevista en un estado psicológico alterado, pero ya era tarde, el diario había sido impreso y distribuido.
Cara a Cara con Marinovic
Es importante reparar en que la querella presentada por el empresario Marinovic acusó a los directores de El Ciudadano de injurias, mas no de calumnias. Para aclarar esto, en derecho penal injuria se refiere a toda expresión o acción ejecutada en deshonra o descrédito de una persona.
A diferencia de ello, calumnia es una imputación falsa a una persona de la comisión de un delito, sabiendo que éste no existe o que el calumniado no lo cometió. Si efectivamente Marinovic no cometió los delitos que su ex trabajador acusa, lo lógico y más sólido para limpiar su honra era presentar una querella por calumnias, pero solo acudió al delito de injurias, condenando expresiones de deshonra sin entrar a refutar legalmente las graves acusaciones.
El juicio se extendió durante cinco jornadas consecutivas en que las partes involucradas tuvieron oportunidad de prestar testimonios, pruebas e interrogar. Curiosamente, la actitud de la jueza Paola Robinovich llamó la atención desde el primer momento en que observó la portada de El Ciudadano con un gesto de desaprobación. El veredicto se dibujó inmediatamente en su rostro, y el principio de inocencia se esfumó.
Si bien la ley exime a los acusados de la obligación de prestar testimonio, lo hicieron voluntariamente, respondiendo también al interrogatorio de los abogados querellantes ampliamente.
Los directores de El Ciudadano explicaron en detalle las diligencias y corroboraciones realizadas previo a la publicación de la entrevista a Calixto, sin embargo la jueza Robinovich no creyó una sola palabra. Y solo hizo suya una de las pruebas presentadas, las demás las rechazó por extemporáneas, cuando hubiesen servido para que se hiciera una idea más cabal del personaje denunciado en primera instancia por El Ciudadano.
Por su parte al prestar testimonio, Marinovic entró en gran cantidad de contradicciones que fueron develadas por el abogado defensor, Pedro Orthusteguy, quien logró dejar en evidencia que Marinovic mentía descaradamente bajo juramento. Y es que fue el mismo testigo presentado por Marinovic, el Notario de Punta Arenas, Horacio Silva, quien reconoció que Marinovic tenía relación con la propiedad del diario El Pingüino. Marinovic lo negó estando bajo juramento. Al día siguiente apareció con una escritura para demostrar que su nombre no estaba en la constitución de la misma. No obstante la cantidad de expresiones de personas trabajadoras del mismo medio, indican totalmente lo contrario: él y su familia serían los verdaderos dueños del rotativo.
Cabe destacar que durante el juicio la parte querellante realizó preguntas que nada tenían que ver con el caso para tratar de congraciarse con la jueza y su origen familiar, y que ésta se confrontara a El Ciudadano. ¿Es El Ciudadano un medio que tiene relación con la causa Palestina?, entre otras interrogantes tendenciosas que iban en esta línea y que no tenían relación alguna con lo que se discutía.
Finalmente la jueza, sin tomarse un receso, con el fallo ya redactado y sin mayor dilación, declaró culpables a Sommer y Larraín, aplicando la pena máxima que se podía dar, ya que los imputados no presentaban antecedentes penales.
Corte Suprema
Ante el fallo en contra de los directores de El Ciudadano, se decidió presentar un recurso de nulidad, ante la Corte Suprema, última instancia antes de recurrir a una Corte Internacional.
La segunda sala de la Corte Suprema, presidida por el Ministro Hugo Dolmetsch, declaró admisible el recurso de nulidad, pero luego lo rechazaría agotando las posibilidades en el país.Poco se hizo esperar el respaldo del Colegio de Periodistas de Chile quienes manifestaron su solidaridad con Sommer y Larraín y el rechazo a la sentencia.
“En base a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) de la Organización de Estados Americanos, ésta ha sido explícita con relación a la necesidad de que los estados apliquen normativas que cautelen la honra de las personas “solo a través de sanciones civiles”. Aplicar el Código Penal al ejercicio del derecho a la Libertad de expresión va en contra de la Declaración de Principios de dicho organismo, que en su punto décimo señala expresamente que “las leyes de privacidad no deben inhibir ni restringir la investigación y difusión de información de interés público. La protección a la reputación debe estar garantizada sólo a través de sanciones civiles, en los casos en que la persona ofendida sea un funcionario público o persona pública o particular que se haya involucrado voluntariamente en asuntos de interés público”. Agrega dicho artículo que “en estos casos, debe probarse que en la difusión de las noticias el comunicador tuvo intención de infligir daño o pleno conocimiento de que se estaba difundiendo noticias falsas o se condujo con manifiesta negligencia en la búsqueda de la verdad o falsedad de las mismas”, ha declarado en reciente comunicado el Colegio de Periodistas de Chile.
Sommer y Larraín quienes han sostenido que el ánimo de la publicación no era otro que el de informar, han señalado que no se dejarán amedrentar por el fallo que a todas luces atenta contra la libertad de expresión y deja un mal precedente para el ejercicio libre y profesional del periodismo en Chile.
Ambos directores expresaron que: “De ahora en adelante y con este fallo, aunque uno tenga pruebas en papel, denuncias videograbadas y/o otros documentos clásicos de respaldo de la actividad periodística, éstos no tendrán valor para sustentar nuestras publicaciones y eso es grave. Lo que ha hecho la jueza es poner el derecho a la honra por sobre el derecho a la libertad de expresión. Esto entorpece nuestro trabajo pues conlleva a censuras a los periodistas, y columnistas, etc., por miedo a una nueva querella que como está la Ley en Chile nos mandaría a la cárcel”.
Sommer y Larraín fueron enfáticos además al agregar que: “El señor Marinovic perdió su elección por votos y no por la publicación de El Ciudadano que el mismo habría mandado a comprar a quioscos para que no se vea”.Finalmente los directores de El Ciudadano, agradecieron a todos los colegas y lectores que les han hecho llegar sus saludos y respaldos. Por el momento no se descarta llevar este juicio a la Corte Interamericana de Derechos Humanos. El fallo es grave y hoy una vez más el periodismo que juzga a los poderosos cuando la justicia no actúa, es el que está en peligro.
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